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Obligaciones de las aseguradoras (Art.11)

La superintendencia de la actividad aseguradora exigirá anualmente y en la oportunidad de la presentación del balance, a cada una de las compañías de seguros autorizadas para operar, una información detallada sobre la participación tomada en los contratos de coaseguros que tengan celebrados con los entes a que se refiere este decreto, con indicación de su nombre, participación, primas cobradas, comisiones pagadas y cualquier otra información que considere necesaria a los fines de fiscalizar la aplicación y cumplimiento de las normas contenidas en este decreto.

Obligaciones de los intermediarios (Art.12)

La superintendencia de la actividad aseguradora exigirá a las sociedades de corretaje de seguros y a los corredores de seguros que le suministren, en el mes de diciembre de cada año, información relativa a los servicios que han prestado como productores de seguros a los entes a que se refiere este despacho, con indicación del nombre del organismo asegurado, primas pagadas, comisiones devengadas y cualquier otra que estime necesaria para ejercer la debida vigilancia sobre la aplicación de las normas del presente decreto.

Vencimiento de los contratos de seguros (art.14)

Los contratos de seguros vencerán el 31 de diciembre de cada año, salvo:

  1. En los casos en que por naturaleza del riesgo asegurado tengan una duración mayor o menor, y
  2. Cuando se trate de contratos de seguros que celebren las empresas estatales de la industria petrolera, petroquímica, carbonífera y las de transporte aéreo, los cuales podrán tener una fecha de vencimiento distinta a la antes indicada.

Obligación de los ministros de adscripción (art.15)

De conformidad con el reglamento sobre coordinación, administración, control de los institutos autónomos de la administración pública nacional, los ministros de adscripción:

  1. Impartirán las instrucciones y ejercerán la vigilancia correspondiente para que dichos organismos cumplan las presentes normas.
  2. Asimismo cuidarán de que las empresas del estado y aquellas donde éstas posean al menos el cincuenta por ciento (50%) de sus acciones, así como las fundaciones sometidas a su tutela, adopten las presentes normas de contratación de seguros, en sus respectivas asambleas.

Obligación de los organismos sujetos a estas normas (art.16)

Los organismos sujetos a estas normas deberán especificar en su presupuesto anual, la partida destinada a cubrir las primas de los seguros que se propongan contratar en el ejercicio económico correspondiente.

Sanciones por inclumplimiento de estas normas (art.17)

El incumplimiento de las normas contenidas en el presente decreto, dará lugar a la aplicación de las sanciones que fueren procedentes conforme a la ley orgánica de salvaguarda del patrimonio público y la ley de la actividad aseguradora.

Prohibición de participación (art.4)

Los organismos sujetos a estas normas no concederán ninguna participación en sus contratos de seguros, a aquellas empresas que:

  1. Se hayan abstenido de participar en cualquier tipo de seguro para el cual tengan            autorización para operar, salvo que su negativa obedezca a razones debidamente            justificadas a juicio de la superintendencia de seguros.
  1. La compañía abridora no cancele oportunamente la parte de cada compañía            coaseguradora en la prima.
  1. La compañía coaseguradora que no pague su participación en un siniestro aceptado por la compañía abridora.

        Esta exclusión se extenderá por el lapso de cuatro (4) años contados a partir del            momento en que se produzca alguno de los supuestos señalados, los cuales    deberán ser informados por los organismos respectivos a la superintendencia de           seguros, para que ésta, a su vez, lo notifique a todos los ministros, quienes lo      harán del conocimiento de los institutos autónomos que les están adscritos y de            las empresas y fundaciones del estado bajo su tutela.

Información al ministro de hacienda (art.13)

La superintendencia de la actividad aseguradora deberá informar al ministro de hacienda cualquier infracción que observe a las normas del presente decreto, sin perjuicio de formular la denuncia del caso ante las autoridades competentes.

Autor: Prof. Elías Muñoz

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