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Bajo dogmas y sin entender la responsabilidad pública sobre la crisis económica por un lado y la inflacionaria en particular por el otro, resultará difícil abordar con rigor el tema de la actividad aseguradora en Venezuela, su importante función social y su salud en el entorno actual.

La Cámara de la Actividad Aseguradora ha realizado una propuesta fundamentalmente referida a la vigencia o al plazo de la póliza de los contratos de seguros para vehículos; sugiriendo la posibilidad de términos temporales inferiores al año.

Más allá de que por un lado existe un racional subyacente en la potestad fiscalizadora de la SUDEASEG en materia de regulación prudencial de la actividad aseguradora, y que por el otro lado, que la recomendación o propuesta referida al periodo temporal del contrato que constituye un elemento, propiedad, cualidad o característica fundamental del contrato y de la competencia en el mercado proviene del seno de un gremio que agrupa empresas competidoras.

La visión pública debe enfocarse en proteger fundamentalmente la función social de la actividad privada del aseguramiento. De hecho, una de las preocupaciones que justifica la regulación prudencial de la actividad aseguradora como sería la solvencia y la valoración social de la actividad aseguradora, podrían estar en riesgo producto del nivel de inflación actual, y ante los desfases entre los valores de cálculo y fijación de primas e indemnizaciones y los valores reales y de reposición al momento de un evento o siniestro.

Cuando nos referimos a dogmas, reconocemos que efectivamente constituye una práctica común e incluso una definición por default que el periodo de vigencia o plazo del contrato de seguro y la póliza sea de un año.

Lo anterior no solo se establece en el artículo 28 y 51 de la Ley de Contrato de Seguros en Venezuela, sino que encuentra réplica en muchos ordenamientos legales sobre la actividad aseguradora a nivel mundial. Sin embargo, las formas no se justifican por si solas.

Para poner el tema en contexto, debemos precisar que la actividad aseguradora, consiste en un servicio que presta una empresa privada a la cual se le transfiere el riesgo individual, que por medio de un ejercicio de pooling of risks, logra reducir la incertidumbre –por la ley de los grandes números- tasando el costo asociado al riesgo colectivo e incluso permitiendo compartir las pérdidas a lo largo de la población asegurada.

Lo anterior no significa que las pérdidas, una vez que ocurre un evento, no representen una lesión o destrucción de valor para la sociedad. De hecho, la propiedad que es destruida por un evento no es reemplazada por la existencia de un contrato de aseguramiento –socialmente hablando, más sí, y parcialmente individualmente hablando-. Sin embargo imprime seguridad y tranquilidad a los miembros de la sociedad. Esta constituye sin duda alguna una de las funciones trascendentales de la actividad aseguradora.

Incluso, adicionalmente suele afirmarse que la actividad de aseguramiento no reduce las pérdidas ni los costos asociados a los siniestros, sino que por el contrario podrían generar nuevos costos asociados a problemas de riesgo moral por parte de los asegurados –sin embargo este tema resulta intrascendente para el caso que nos ocupa referido al plazo del contrato de aseguramiento-.

Aun así, la actividad de aseguramiento crea, genera y provee una importantísima función social, que no es otra que un uso más óptimo de los recursos financieros y/o del capital. Sin la posibilidad del aseguramiento, las personas y las empresas tendrían que mantener enormes sumas de dinero para enfrentar eventuales pérdidas en caso de ocurrir ciertos eventos.

Este ahorro “precautelativo” no se requiere una vez existe la actividad del aseguramiento definida como aquella por medio de la cual se transfiere el riesgo y se transforma en un costo cierto, menor al valor de reponer el patrimonio o la propiedad perdida o destruida, conocido como prima de la póliza o del contrato de aseguramiento.

Así las cosas, la actividad de aseguramiento libera enormes recursos financieros a la sociedad en su conjunto –e individualmente- pudiendo ser utilizados en actividades alternativas –inversión, consumo, recreación, salud, estudios, etc.-. Lo anterior supone un incremento en la productividad del capital y de los recursos financieros de toda la sociedad.

Una alternativa para reducir el valor de la prima es aplicando un deducible, significando un nivel de corresponsabilidad o copago sobre el costo de reposición ante la pérdida producto de un evento. Sin embargo, lo anterior exige un ahorro precautelativo por parte del asegurado, que dependerá del nivel del copago, generándose una ineficiencia social como lo explicáramos anteriormente.

El cobro de un copago podría desmejorar el servicio de aseguramiento a la luz del asegurado o del potencial cliente. Por un lado el copago y/o deducible puede coadyuvar a corregir el problema de riesgo moral, pero por el otro incita a constituir eventuales ahorros “precuatelativos” con las consecuentes ineficiencias sociales en el uso del capital, y disuadir de asegurarse.

Adicionalmente, otro valor social del aseguramiento proviene de que este tipo de contrato puede actuar como un commitment para utilizar un monto de dinero en el pago de la prima, evitándose constituir un ahorro “precautelativo” con bajo poder de compromiso para mantenerlo y no hacer uso de éste antes de que pueda ocurrir un evento.

Ahora bien, si el valor de la promesa de pago una vez ocurriese un evento o un siniestro decrece en términos reales, y no constituye mayor atractivo el monto nominal pactado; la oferta del servicio de aseguramiento podría perder atractivo a la luz de los potenciales clientes o asegurados.

Lo anterior producto de fuertes procesos inflacionarios con episodios de aceleración como está ocurriendo actualmente en Venezuela.

Por otra parte, si el periodo temporal o plazo del contrato de seguro es lo suficientemente largo –en términos relativos-, ante un escenario de tasas reales tremendamente negativas, resultará difícil contar con una valor de reservas e inversiones producto de las primas como para responder a los eventos y siniestros, salvo que nuevas primas financien una operación que financieramente podría tender a ser insolvente.

Adicionalmente, la economía del comportamiento también podría aportar luces de como un fraccionamiento que reduzca el valor de la prima sin ir en detrimento de la promesa de pago ante un siniestro, por ejemplo producto de la segmentación temporal de los pagos o por un plazo menor en el contrato de aseguramiento; podría facilitar la toma decisión de asegurarse frente a la alternativa de no asegurarse.

Preocupa que el regulador y el Ejecutivo Nacional crean que porque las empresas aseguradoras entiendan necesario modificar el plazo del contrato para no perder atractivo su servicio ante sus clientes y cumplir una mejor función social; esto tendrá incidencia significativa sobre la inflación.

Lo anterior resultaría una tremenda miopía de no entender cuáles son las causas de la inflación y cuáles sus efectos.

Siendo que el regulador o diseñador de las políticas públicas en este caso, debería coadyuvar a la toma de decisiones en favor de asegurarse por la función y eficiencias sociales que se derivan de esta actividad, y dado que no podría condenarse de antemano que cambios en los términos temporales de los contratos incidirían en un manejo más predecible del negocio financiero ante un escenario inflacionario.

Cuando menos,no tiene por qué existir una posición oficial absolutistamente y a priori en contra de la propuesta realizada por la Cámara de la Actividad Aseguradora.

Autor:

Enrique González-   Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, Kings College London.Master in Competition and Market Regulation, Universidad Pompeu Fabra. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid

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