Ley de Seguros beneficia al usuario

 A partir de la publicación en Gaceta Oficial, el pasado 29 de julio, la Ley de la Actividad Aseguradora adquirió plena vigencia.

Este estatuto jurídico tiene como objeto regular la actividad de seguros, reaseguros, medicina prepagada, pólizas, primas de seguros y las fianzas.

Asimismo, establece los derechos y garantías de los usuarios, regula la actividad empresaria y determina la creación y las atribuciones del ente supervisor de la actividad: La Superintendencia de la Actividad Aseguradora.

Alcances de la ley

Con la norma recientemente sancionada y publicada se definen las competencias, atribuciones y procedimientos para el control, vigilancia, supervisión, autorización, regulación, estabilidad y funcionamiento de la actividad aseguradora y se norma el interés, los derechos y garantías de los contratantes de los servicios de medicina prepagada, tomadores, asegurados y beneficiarios en las relaciones de seguros, de reaseguros y de los asociados cooperativistas.

Además se adecua la normativa a las disposiciones de orden social vigente, a fin de incentivar y desarrollar figuras organizativas en el marco de la participación ciudadana y la cooperación que debe existir entre las instituciones públicas y privadas, con el propósito de salvaguardar los intereses de los débiles jurídicos: los usuarios.

También en el exterior

Si bien la Ley de la Actividad Aseguradora se aplica dentro del país, todas sus normativas rigen también para las actividades aseguradoras contratadas en Venezuela y que se materializan en el exterior, como lo son las coberturas médicas para viajeros y la de funcionarios que viajan fuera de la nación.

Por otro lado, en el Capítulo II se establece la necesidad de promover la participación popular en la defensa de los derechos de los usuarios y en la que se definen aspectos concretos.

El artículo 12 del texto legal, referido a los derechos de los usuarios, se establecen los derechos de las personas a constituirse en asociaciones para defender sus derechos. Asimismo, de acuerdo con el artículo 13, las personas tienen derecho de presentar sus reclamos ante los consejos comunales y otras formas de expresión del poder popular, los que tienen la “obligación de investigar lo ocurrido” y presentar los resultados ante los organismos competentes.

La publicidad engañosa

Los usuarios tienen el derecho de elegir libremente, tanto a la empresa con la que quieren asegurarse como a los proveedores de los servicios que quieran contratar, tal como se establece en el artículo 129. Asimismo, tienen derecho a ser protegidos de la publicidad engañosa y las prácticas comerciales coercitivas o desleales que distorsionen su capacidad de elegir.

Según el estatuto, las empresas prestadoras de los servicios vinculados a la actividad aseguradora tienen la obligación de informar clara y oportunamente sobre los alcances de sus servicios.

Restricciones

No pueden ser accionistas de empresas aseguradoras quienes ejerzan funciones públicas (salvo docentes y miembros de misiones breves en el exterior), tampoco podrán hacerlo quienes sean objeto de condena firme por delitos a la propiedad, corrupción o ilícitos financieros.

Otras normas, derechos y prohibiciones que establece el estatuto

> En el art. 31 se faculta a las empresas del Estado a operar como empresas aseguradoras, previa autorización de la autoridad competente.

> De acuerdo con el artículo 134, las compañías de seguros estarán obligadas a vender una modalidad de pólizas que se denominarán pólizas solidarias, las cuales estarán dirigidas a personas cuyos ingresos mensuales sean inferiores a 25 unidades tributarias (UT).

> En ese mismo artículose señala que las llamadas pólizas solidarias se ofrecerán también a las personas con discapacidad, con desórdenes mentales, de la tercera edad y jubilados.

> Las compañías de seguros, de medicina prepaga y sus intermediarios no se podrán negar a vender pólizas solidarias (art. 135).

> Los accionistas de las empresas aseguradoras serán responsables con sus patrimonios personales de las deudas contraídas por estas (artículo 98).

> Se prohíbe que las empresas extranjeras que sean accionistas de sociedades mercantiles destinadas a este tipo de servicios (art. 144). Las empresas extranjeras que ya operan en el país deberán someterse a la nueva normativa.

> Las empresas aseguradoras no podrán efectuar pagos de modo distinto a lo estipulado en las pólizas.

> Los usuarios tienen derecho a elegir libremente los lugares en los que quieren ser atendidos (art. 129).

Ventajas para los usuarios de seguros

Sin discriminaciones

Las compañías aseguradoras no se pueden negar a asegurar o dar cobertura a nadie por ningún motivo.

El artículo 40, numeral 23, prohíbe “Alegar las enfermedades preexistentes o adquiridas, defectos o malformaciones congénitas como causal de rechazo de siniestros de hospitalización, cirujía y maternidad”. Asimismo, el artículo 129 numeral 2, referido a los derechos de los usuarios de los seguros, establece “acceder al sistema asegurador sin ningún tipo de discriminación”, por lo que no podrán ser dejados por fuera del mismo esgrimiendo razón alguna”.

No más “claves”

El portal de internet de Seguros Venezuela se pregunta: “¿Qué hacer en caso de que la clave de Emergencia es rechazada?” Y se responde:

“Si su clave de Emergencia ha sido rechazada debe comunicarse inmediatamente con su intermediario de Seguro o persona encargada de su administración”.

A partir de la sanción de esta ley, esta práctica es ilegal. En el artículo 40, numeral 22, se prohíbe: “Negarse a otorgar cobertura inmediata en casos de emergencia (…) condicionada a la emisión de claves o autorizaciones de acceso”.

Pago a tiempo

En el caso en que corresponda que la aseguradora deba pagar indemnizaciones, la ley establece un plazo máximo de 30 días corridos para que lo haga efectivo, estableciéndose responsabilidades para las empresas que incumplan.

Para los casos en que las compañías nieguen total o parcialmente un pago, éstas tienen también 30 días corridos para presentar los causales de la negativa.(Art. 130). La normativa legal prohíbe rechazar el pago de indemnizaciones con argumentos genéricos, sin exponer claramente las razones. (Art. 40 numeral 13).

Sin condiciones

En el artículo 39, numeral 8, se prohíbe condicionar o coaccionar a un usuario para la contratación de una póliza a la contratación de otras pólizas, servicios o planes, así como el acceso a servicios bancarios o financieros, o a la adquisición de otros bienes o servicios.

En el numeral 10 del mismo artículo, se prohíbe “dar por terminado el contrato de seguros por el incumplimiento de los pagos de las cuotas…”, lo que significa que la cobertura sigue vigente aunque el usuario o la empresa que contrató el seguro tenga deudas con la aseguradora.

Las letras pequeñas

El Artículo 41 de la Ley de la Actividad Aseguradora establece que todo documento a ser utilizado por las empresas vinculadas a la actividad deben ser autorizados por la entidad que regula la actividad.

En el Artículo 132 se establece que los derechos establecidos en la ley son irrenunciables. “Se consideran nulas las estipulaciones que establezcan la renuncia a tales derechos o el compromiso de no ejercerlos”.

De este modo, los derechos establecidos en la ley pueden ser ejercidos a plenitud aunque los usuarios hayan firmado lo contrario.

Autor: Joel Jose Martinez Welman

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