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La nueva Ley de Contrataciones Públicas establece los aspectos resaltantes en materia de administración de contratos.

Entre ellos, se elimina la sujeción de las garantías contractuales al tradicional modelo de fianza, permitiéndole al órgano o ente contratante seleccionar múltiples opciones permitidas por el ordenamiento jurídico, quedando a su cargo verificar y asegurar la suficiencia de la garantía.

Al respecto establece la Ley de Contrataciones Públicas, que en los casos en que se hubiere señalado en el pliego de condiciones o en las condiciones de contratación y en el contrato, el otorgamiento de anticipo contractual, el contratante procederá a su pago, previa consignación por parte del contratista, de la respectiva garantía por el 100% del monto otorgado como anticipo, a satisfacción del contratante.

Quedará a cargo del contratante verificar y asegurar la suficiencia de la garantía.

En los casos en que la garantía de anticipo no sea consignada en el lapso establecido para la formalización del contrato, se suscribirá el respectivo contrato, dando inicio al mismo, pudiendo el contratista consignar posteriormente la garantía de anticipo para que le sea otorgado.

Igualmente define la Ley de Contratación Pública, que para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que asume el contratista, con ocasión del contrato para la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, cuando se requiera, éste deberá constituir una garantía a satisfacción del contratante, que no podrá ser inferior al 20% del monto del contrato incluyendo tributos.

Podrá acordarse con el contratista una garantía constituida por la retención del 10%, sobre los pagos que se realicen, cuyo monto total retenido será reintegrado al momento de la recepción definitiva del bien u obra o terminación del servicio.

Quedará a cargo del contratante verificar y asegurar la suficiencia de la garantía.

Igualmente la citada Ley establece la potestad del contratante para solicitar al contratista la constitución de una fianza laboral, hasta por el 10% del costo personal incluido en la estructura de costos de su oferta, colocando como beneficiarios directos a los trabajadores y trabajadoras de la contratación.

Esta fianza deberá ser otorgada por una institución bancaria o empresa de seguro, debidamente inscrita en la Superintendencia que regule la materia o por la Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Industria, la cual debe estar vigente desde el inicio del contrato hasta seis (6) meses después de su terminación o recepción definitiva.

Para finalizar, es importante acotar que la nueva Ley de Contrataciones Públicas elimina la sujeción de las garantías contractuales al tradicional modelo de fianza, permitiéndole al ente contratante establecer los términos y condiciones dentro del ordenamiento jurídico.

En el caso de las compañías de seguros, de conformidad con el Reglamento General de la Ley de la Actividad Aseguradora, el artículo 67 establece que todos los textos utilizados por las empresas de seguros deben ser previamente aprobados por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.

Lo  consideramos poco funcional y muy lento el proceso de que cada contratante pueda solicitar un modelo de fianza diferente, por lo que sería conveniente el establecimientos de acuerdos entre la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, compañías de seguros y entes contratantes para definir los textos a ser utilizados y que satisfagan todas las expectativas.

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