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“Se declaran contrarios a los principios fundamentales humanos, el abuso de la posición de dominio, cualquiera que él sea. El Estado deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos de tal hecho”

   El Autor.

Antes de iniciar el tema que nos atañe, debo referirme a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sobre los derechos económicos de los ciudadanos y las ciudadanas, en sus artículos 112 al 118, ambos inclusive.

Para los adultos, no es desconocido que dicho documento magno establece la prohibición de monopolios, inclusive del propio Estado. También son contrarios “a dichos principios”, el abuso reiterado de la posición de dominio para influir o coartar la libre selección y escogencia de servicios o productos.

Por otra parte, el Estado garantiza por derecho propio, las medidas que fueren necesarias, para evitar los efectos nocivos del abuso de la posición de dominio y “de las demandas concentradas”, tal como lo señala el artículo 113 de nuestra Carta Magna.

La Ley de la Actividad Aseguradora erige como precepto incuestionable, el derecho que tienen los asegurados, los beneficiarios de los seguros y los contratantes de planes de salud de medicina prepagada, de elegir libremente la empresa de seguros o de medicina prepagada” que cubrirá los riesgos a que están expuestos, accediendo al sistema asegurador sin ningún tipo de discriminación.

En ese sentido, el espíritu de desobediencia que puedan tener los contratantes es válido e irrebatible por condición lógica.

No es menos cierto, que la tradición aseguradora crea un vínculo entre los contratantes, las empresas de seguros y sus intermediarios, nexo que data desde hace varias décadas en algunos casos.

Inclusive, se han ensamblado en otras ocasiones “sólidas vinculaciones afectivas” generadas por la calidad del servicio prestado.

Otro asunto a tocar es la Libertad, que es la facultad del ser humano de actuar o no actuar, siguiendo su criterio y voluntad, siempre y cuando esa Libertad esté estrictamente dentro de lo que establece la Ley; la libertad debe ejercerse con respeto y responsabilidad moral.

Para ello, la libertad de elección o escogencia es un derecho fundamental, quedando reafirmado en la Ley para proteger a las personas en el acceso a los bienes y servicios y en el campo asegurador, las prescripciones de la Ley de la Actividad Aseguradora en su artículo 129, en toda su extensión.

Ha sido una eterna tradición, de que el contratante, tomador y el beneficiario adquiera bienes y servicios de aseguramiento en las mejores condiciones de calidad y precio, y sólo se pueda dar bajo una sana y responsable competencia.

Es obligante, para el Estado y para los particulares, la protección de los intereses individuales y colectivos, atribuible a la responsabilidad de los proveedores.

Hemos motivado estas reflexiones, ya que por la disposición Transitoria Octava de la Ley de la Actividad Aseguradora, los entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, deberán migrar todas las pólizas de salud antes del 31 de diciembre de 2015, a las “empresas aseguradoras adscritas al sector público”, a saber, Seguros Federal, C.A., C.N.A. de Seguros La Previsora, C.A., Seguros Horizonte, C.A. y la Bolivariana de Seguros y Reaseguros, S.A.

Conocemos que dicha medida de “migración” tuvo un largo paréntesis de cinco años para implementarla adecuadamente, pero intuimos desde el punto de vista técnico, que ello representará un enorme escollo para la Administración Pública Central el ponerla “a funcionar correctamente”.

Aunado a ello, dicha disposición contraviene lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues los Estados y los Municipios son entidades con rango constitucional (léase la Carta Magna), configurando una violación al principio de autonomía de esas entidades territoriales, pues dentro de sus competencias, entre otras,“está la administración de sus bienes y la inversión y administración de sus recursos, incluso de los provenientes de transferencias, subvenciones o asignaciones del Poder Nacional, así como aquellos que se les asignen como participación en los tributos nacionales”.

Por ahora, nos queda aguardar estoicamente y esperamos que no se generen futuros conflictos, ante tan desacertada medida de migración.

Autor: Prof. J. Pastor Ascanio Heres, Asesor de Seguros-Historiador, Presidente del Colegio de Productores de Seguros Gran Caracas

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