Los mecanismos de financiación y prestación de servicios de cuidados a largo plazo (LTC) para las personas mayores son insostenibles, no tienen carácter global y, en muchos casos, ni siquiera existen

La perspectiva que se dibuja para el futuro de la población es ya un hecho: en los próximos 15 años la población de 65 años y más se incrementará en torno a un 80% hasta casi alcanzar los mil millones de personas. Bajo esta realidad, satisfacer las necesidades de cuidados de las personas mayores será uno de los principales desafíos a los que se enfrente la sociedad.

Por ello, el último estudio sigma de SWISS RE ‘¿Quién nos cuidará?’ se centra en la búsqueda de soluciones sostenibles de cuidados a largo plazo para un mundo que está envejeciendo y examina cómo deben abordarse los ajustados presupuestos estatales, los cambios demográficos, los pocos recursos personales y la limitada concienciación si queremos superar este desafío.

De hecho, la concienciación sobre los riesgos y costes de los cuidados a largo plazo es muy baja, asevera el estudio. Y un ejemplo, según los datos presentados por sigma, es que en la mayoría de países las personas no tendrían suficientes recursos para cubrir los costes de una estancia de larga duración en una residencia, incluso aunque vendieran sus casas. Asimismo, en la mayoría de países sería muy difícil que, con unos ingresos medios, los jubilados o sus hijos pudieran pagar la estancia.

Es decir, son sistemas insostenibles y que no tienen carácter global. Pero aun así, muy pocos se dan cuenta de que hay un déficit de financiación. También existe un error muy extendido que consiste en considerar que el gobierno desempeñará una función primordial como prestador de cuidados. “El problema es que la gente subestima el coste de los cuidados a largo plazo y sobrestima lo que proporcionará el estado”, afirma Kurt Karl, economista jefe de SWISS RE.

En muchos mercados avanzados, las prestaciones públicas no cubren completamente el elevado coste de los cuidados. En la mayoría de mercados emergentes no suelen existir sistemas de prestación pública, mientras que los modelos tradicionales de cuidados familiares se están viendo presionados por cambios demográficos, como por ejemplo, la migración de las generaciones más jóvenes desde las áreas rurales a las urbanas y el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, señala el informe.

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