La normativa no fue consultada con el sector, fijo multas exorbitantes y fianzas de imposible cumplimiento.

La Cámara Aduanera de Nueva Esparta propuso que se extienda la vacatio legis de la Ley Orgánica de Aduanas hasta tanto los funcionarios del Seniat, Sencamer, Cencoex, importadores, exportadores, agentes de aduana y demás relacionados con la administración aduanera clarifiquen los términos de la normativa.

El instrumento legal entró en vigencia el 20 de enero pero a la fecha hay dudas que perjudican la dinámica del movimiento portuario nacional.

Antonio López, presidente de la Cámara Aduanera en Margarita, afirmó que con la reforma hay artículos que se contradicen entre sí, además de establecer multas exorbitantes y fianzas de imposible cumplimiento, que podrían generar el cese de operaciones de más empresas.

Eduardo  Quintana, Vicepresidente de Fedecámaras Vargas califica la ley como “Punitiva y sancionatoria”. Aseguró que podría generar que más agentes de aduana dejen de operar por la imposibilidad de presentar ante el Seniat una fianza por la cantidad de impuestos pagados por los importadores a los cuales les prestaron el servicio de agenciamiento.

Señaló que el requisito es indispensable para actualizar operaciones, pero de imposible cumplimiento porque ninguna empresa aseguradora puede emitir una fianza por montos tan elevados y los prestadores de servicio tampoco disponen de esos recursos.

El sector está muy preocupado porque aunque la ley entró en vigencia no hay un reglamento y no se han adecuado los entes emisores de los permisos legales para las importaciones, ni Bolipuerto, encargado de la parte administrativa y operativa. De incurrir estos organismos en demora, los agentes de aduana no podrían cumplir con la presentación de la declaración anticipada de información antes del quinto día de llegada la mercancía porque el importador no ha recibido los documentos.

 “El gobierno lo que busca es que desaparezcan los agentes de aduana privados”, aseguró Héctor Noguera, profesional de aduanas con 22 años de experiencia y director de su empresa. Señaló que fijaron multas por  1.000 UT, 127.000 bolívares, que aplicadas de forma arbitraria, puede generar el cese de operaciones de estas empresas

Indicó que una vez que el gobierno obligó al importador que deseará participar en las subastas del Sicad II a contratar a la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior, para que movilice su mercancía, muchas agencias de aduana cerraron sus puertas.

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